ICC CRISIS conversó con El Mercurio ad portas de la entrada en vigencia de la ley del lobby

Publicado el: 5 octubre, 2014
5 Oct 2014

De los encuentros informales a los ejecutivos de cuenta:

Cómo funciona la industria del lobby, ad portas de la puesta en marcha de la ley que lo regula. 

Cuáles son las principales empresas del rubro, cómo operan en el mercado, sus redes políticas y qué opinan de la legislación que entrará en vigencia el 29 de noviembre.  

“Asuntos públicos” o “relaciones políticas y legislativas” son algunos de los nombres con que las consultoras y empresas que reconocen hacer lobby definen su actividad. Todos los términos apuntan a lo mismo: representar intereses de privados ante las autoridades y, ojalá, lograr influir sobre ellas.

Si bien existen empresas donde el lobby es asumido como parte de sus labores -como, por ejemplo, Imaginacción, Azerta, Extend e ICC Crisis-, otras consultoras no ven como positivo que se les asocie con esta actividad. De hecho, cuando el lobby está cada vez más legitimado, destacadas firmas del rubro optan por no reconocerse como tales, y advierten que su giro es, más bien, el de la “comunicación estratégica” y el manejo de las relaciones entre sus representados y las comunidades.

Como sea, los principales actores del mercado ven de buena manera que en menos de dos meses -el 29 de noviembre-, comience a regir la ley que regulará esta actividad.

Origen concertacionista

Aunque el asesoramiento a los privados en sus relaciones con la autoridad es una práctica que ha existido desde siempre, fue entre fines de los 80 y comienzos de los 90 cuando el sistema empezó a profesionalizarse.

Y, acorde con aquellos tiempos, las principales empresas de comunicaciones nacieron ligadas a militantes de la Concertación. Si bien hoy son transversales en los intereses que representan -y en los staffs que las constituyen- fueron figuras del entonces oficialismo quienes tomaron la delantera en este negocio.

Quiénes mandan

En 1991, Pilar y Marilú Velasco, hijas del hoy ex subsecretario y ex ministro del Interior Belisario Velasco, crearon la empresa de comunicaciones estratégicas Extend. Años después, el ex ministro de la Segegob, Enrique Correa, fundó Imaginacción. Y el ex director de Comunicaciones del gobierno de Patricio Aylwin, Eugenio Tironi, creó en 1994 la consultora Tironi y asociados.

Siguiendo esta tendencia, de menor tamaño, pero importante influencia, hace 25 años nació ICC Crisis, de Francisco Javier Celedón, uno de los responsables de la campaña del NO para el plebiscito del 88.

Rompiendo algo el molde, en cuanto a la línea política que imperaba en este nicho, la economista Cristina Bitar y el abogado Gonzalo Cordero crearon Azerta en 2008.

Son estas empresas algunas de las que hoy dominan el mercado y que conversaron con “El Mercurio” ad portas de la entrada en vigencia de la ley. Salvo Eugenio Tironi, que optó por no participar en este reportaje, estas compañías trabajaron activamente en la discusión del proyecto en el Congreso, que se extendió por 6 años.

Ejecutivos de cuenta en terreno

El modo de operar es similar.Si bien sus oficinas están ubicadas en el sector oriente de la capital, esto no significa que allí realicen todas sus funciones.

Mientras en los “cuarteles generales” están los directivos, los consultores o “ejecutivos de cuenta”, se encuentran la mayor parte del tiempo “en terreno”. En el centro de Santiago -“donde está el poder político”, como define un lobista consultado- o en Valparaíso, donde contactan a los parlamentarios en el Congreso. Estos profesionales son, en su mayoría, periodistas, y, en menor grado, abogados, sociólogos y economistas, entre otros.

De acuerdo con su expertise y redes de contacto, se les encarga una o más cuentas de clientes que han recurrido a la empresa, o gestiones particulares relacionadas con algún caso.

La cartera de clientes es tan amplia como las decisiones que toman las autoridades. Así, por ejemplo, requieren de sus servicios empresas del retail , eléctricas, de alimentos, bancos, cooperativas, cajas de compensación, constructoras, clínicas, laboratorios, agrupaciones gremiales o instituciones de beneficencia.

Bitar, de Azerta, explica cómo funcionan: “Hacemos lobby , fundamentalmente, asesorando a nuestros clientes en sus relaciones con la autoridad. Parte esencial de nuestra labor considera el modelamiento de distintos escenarios y, por cierto, el análisis y monitoreo de los distintos procesos regulatorios en los diversos sectores económicos en que participan nuestros clientes. A lo anterior se suma, en algunos casos, la representación de sus inquietudes e intereses particulares ante las autoridades”.

Moisés Valenzuela, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción explica que ellos entregan asesoría de diferentes formas: “Existen clientes que nos piden que los informemos, pero son ellos quienes quieren hacer las cosas. Esperan que nosotros les digamos ‘quién es quién’ en determinada materia y que les aconsejemos qué decir en alguna reunión. Otra manera es que se nos solicite que hagamos todo, que representemos sus intereses ante determinada autoridad. O que simplemente los acompañemos en algún proceso o reunión”.

Desde ICC Crisis, su director general de comunicación, Rafael Sousa, explica: “Operamos transparentemente; pedimos audiencias, reuniones y participación en las instancias que creemos necesarias. Planteamos los puntos de vista acordados con nuestros asesorados con la mayor claridad posible. Hay un trabajo intenso de planificación, investigación, desarrollo de documentos y gestión para que la autoridad que debe tomar una decisión valore nuestros planteamientos”.

Ya con las prioridades definidas de lo que quiere el cliente, cada empresa realiza un plan de trabajo que puede tener diversas aristas, como conseguir una entrevista en un medio de comunicación o hacer el seguimiento de un proyecto de ley en el Congreso. En estos casos, muchas veces funcionarios de las empresas de lobby asisten a las votaciones y a las comisiones de un determinado tema. Pueden tener también bajo su responsabilidad el concertar reuniones con alguna autoridad -alcalde, seremi, intendente, subsecretario, parlamentarios, ministros, asesores y un largo etcétera- para el respectivo cliente o para hablar en nombre de él.

Almuerzos, llamados y encuentros informales

Los altos ejecutivos y socios no necesariamente se involucran en el detalle de las gestiones. En el mercado se cuenta, por ejemplo, que a nombres como Enrique Correa les basta con un “te llamarán de mi oficina” para lograr que sus ejecutivos sean oídos.

En muchos casos, además de influencia, los privados pagan por la “capacidad analítica” de los líderes de las consultoras. Así, por ejemplo, se realizan almuerzos mensuales con los principales clientes, en que, con agenda abierta, realizan análisis y proyecciones políticas y económicas. Son pequeñas reuniones, explican, de “diagnósticos de actualidad”.

Otros apuestan a las ventajas que dan los contactos y redes de esos directivos, incluidos encuentros informales de carácter social, llamadas telefónicas fuera de agenda o reuniones casuales. Se trata, estos últimos, de aspectos no regulados por la nueva ley.

Al respecto, Felipe del Solar, director de Relaciones Políticas y Legislativas de Extend, comenta que en el texto legal se “aplicó un criterio de razonabilidad… Al menos, asegurémonos de que las reuniones que se sostienen formalmente sean siempre conocidas. Con eso se va a tener información suficiente respecto de quiénes están interviniendo en una determinada discusión”.

Uno de los puntos que generó más polémica en el debate de la ley fue cómo regular a aquellos grupos o personas que no reconocen que hacen lobby , pues representan sus propios intereses. La reforma educacional es un buen ejemplo, en que han desfilado en conversaciones con representantes del Ejecutivo y del Legislativo agrupaciones de apoderados, representantes de universidades, líderes estudiantiles, la Iglesia, etc. ¿Hacen lobby ? Para la ley, las citas que las autoridades han tenido con ellos debiesen quedar consignadas en el ítem sobre grupos con “interés particular”, es decir, “cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada”.

Pero el tema, comentan en el mundo lobista, no quedó del todo zanjado y abren interrogantes sobre otros actores, como los centros de estudios y los estudios de abogados. Los primeros pueden argumentar que sus labores son netamente de asesoría legislativa y, los segundos, ampararse en el secreto profesional que deben mantener con sus clientes para realizar gestiones, como reuniones con integrantes del Poder Judicial.

Extend, Felipe del Solar:
“Lo importante es que las interacciones se conozcan” 

“La palabra lobby no tiene siempre una connotación afortunada porque se asocia a acciones que no son correctas”, dice Felipe del Solar. En su calidad de ex asesor de la Segpres y ex miembro de Chile Trasparente, participó de cerca en la discusión de la Ley de Lobby y hoy está vinculado al tema como director de Relaciones Políticas y Legislativas de Extend.

La empresa fue fundada por María de la Luz Velasco, hija del ex ministro DC Belisario Velasco y, además, otros dos hijos son hoy sus directores: María del Pilar y Felipe. Actualmente es presidida por el ex ministro de Educación del gobierno militar Juan Antonio Guzmán.

Sobre la visión que tienen en Extend de la nueva reglamentación, del Solar plantea que “es muy importante y valioso el criterio con el que quedó establecida la Ley de Lobby: fijó reglas equivalentes para todos los actores que participan e interactúan con las autoridades en la definición de políticas públicas. Uno de ellos son las empresas y los asesores profesionales en gestiones de lobby , pero también hay muchos otros actores que participan de la misma manera, con la misma legitimidad y con la misma intensidad, y que no son profesionales. Lo importante es que se fijen reglas que permitan conocer todas las interacciones que se están teniendo con el mundo público”.

Para del Solar, “que el lobby lo haga una agencia especializada, un gremio empresarial, un colegio profesional, una iglesia, desde el punto de vista del interés público, lo relevante es que todas esas interacciones sean conocidas y estén lo mejor regladas posible. Eso, con esta ley, lo vamos a empezar a tener”. Así, “veremos cómo se devela quiénes son todos los que efectivamente están participando”.

Según su web, Extend ha trabajado con clientes como Agrosuper, BancoEstado, Cruz Blanca, Enersis, MetLife, La Polar, Sodimac, PF y Mall Plaza.

Azerta, Cristina Bitar:
“No se les dio el mismo tratamiento a todos”

Sus redes en el mundo político son amplias: fue generalísima de la segunda campaña de Joaquín Lavín, es sobrina del ex ministro PPD Sergio Bitar y fue asesora de diferentes gobiernos de la Concertación. Pero su rubro son las comunicaciones corporativas y el lobby. De hecho, la economista Cristina Bitar ha reconocido públicamente que el 30% de las ventas de su compañía provienen del desarrollo de esta actividad.

A propósito de la nueva ley, Bitar sostiene que “el lobby es parte fundante y esencial de una democracia sólida. Es una actividad necesaria para que se tomen mejores decisiones en el mundo público, ya que hay muchos intereses en juego a la hora de regular o legislar, que deben ser representados ante las autoridades correspondientes. Hoy, lo importante y positivo es que en Chile por fin se haya regulado esta actividad y que se realice con estándares más exigentes”.

Pero aunque plantea que “esta regulación es un gran avance”, tambien tiene reparos: “Hubiese sido mejor que todos aquellos que promueven intereses particulares frente a la autoridad hubieran recibido el mismo tratamiento en esta ley, lo cual no ocurrió”.

Mientras la ley se tramitaba en el Congreso, Bitar fue a la comisión de Gobierno en diciembre de 2008, como directora de la organización Independientes en Red. Luego, como directora de Azerta, asistió a la Comisión de Constitución, para discutir sobre el tema.

En el mundo de la comunicación estratégica, Bitar fue directora ejecutiva de Captiva -empresa donde fue socia del ex alcalde UDI Pablo Zalaquett-, que luego vendieron a la internacional Hill & Knowlton, otra de las empresas reconocidas del rubro.

Hoy, Bitar lidera Azerta junto a Gonzalo Cordero y Felipe Edwards, todos en calidad de socios directores. Además, terminada la administración de Sebastián Piñera, la empresa reclutó a Miguel Flores, ex Subdere, y a José Pedro Arana, ex jefe de prensa del Ministerio de Agricultura. Entre sus clientes se cuenta a Alsacia, Barrick, AES Gener, Grupo Costanera, Ariztía, Cencosud e Iansa.

Imaginacción, Moisés Valenzuela:
“Habría sido mejor tener un registro de lobistas”

No solo se le conoce como uno de los hombres más influyentes de la centroizquieda. Con las redes que logró construir en el mundo privado tras fundar la consultora Imaginacción, en 1996, Enrique Correa se pasea sin problemas por todos los sectores políticos y económicos.

Su empresa fue una de las primeras en reconocer que entre sus actividades está el lobby y, durante la tramitación de la ley, fueron partidarios de la existencia de un registro de lobistas.

Por sus oficinas, ubicadas en Providencia, han pasado figuras públicas que han optado por la privatización. Por ejemplo, el ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz; Luis Eduardo Escobar, quien fuera asesor de Nicolás Eyzaguirre cuando fue ministro de Hacienda; Rodrigo Quintana, ex defensor nacional y actual abogado consejero del CDE; Carlos Vergara, asesor del Segundo Piso durante al administración de Ricardo Lagos, y el ex director de la Secom en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Juan Carvajal. Uno de los últimos fichajes fue Moisés Valenzuela, ex secretario nacional de la DC.

Precisamente él es el actual gerente de Asuntos Públicos, rama de la empresa que se encarga del lobby . Reemplazó en el cargo a Carlos Correa quien hoy se desempeña en el Gobierno como asesor general de la Secom.

Sobre la legislación, Valenzuela comenta: “Nos interesa que esta tarea esté regulada; la gente confunde esta labor con prácticas como el tráfico de influencias”. Agrega que “habría sido mejor tener un registro de lobistas, pero es un avance y ayudará a transparentar, más aún cuando el lobby es realizado por entidades que no reconocen que lo hacen”.

“Vemos como algo positivo que quienes toman decisiones conozcan, de manera transparente, las distintas posturas que tienen todos los actores”, señala. Además, plantea que la legislación será una “barrera de entrada” que deberán sortear quienes quieran dedicarse a este rubro.

A diferencia de otras consultoras, Imaginacción no publica en la web la lista de clientes y el ex dirigente DC explica que aquello es una política de la empresa, argumentando que son contratos entre privados donde existe confidencialidad.

ICC Crisis, Rafael Sousa:
“Se legitima esta práctica y que se haga profesionalmente”

Aunque en la consultora en comunicaciones ICC Crisis la actividad del lobby está enmarcada bajo el nombre de “Asuntos Públicos”, en la empresa reconocen ejercerla abiertamente desde hace 25 años.

Sobre la nueva ley, el director y además académico de la UDP Rafael Sousa explica que “el concepto de lobby se ha prestado para muchas confusiones, y esta ley aporta algo fundamental, que es tener una definición común. En la práctica, todas las organizaciones se ven en la necesidad legítima y democrática de representar sus intereses frente a la autoridad en algún momento y de alguna forma”.

Fundada por el publicista Francisco Javier Celedón -quien hoy se desempeña como presidente ejecutivo de la firma-, en 2008 estuvieron representados en las comisiones mientras la normativa se discutió en el Congreso.

Dos puntos son los que más destaca Sousa sobre la nueva normativa: “El primero, es que esta ley legitima la práctica del lobby y la representación de intereses. Lo segundo, es que legitima el hecho de que sea realizada profesionalmente. Todo esto es positivo, porque en una democracia las empresas y cualquier organización en general tienen derecho a plantear sus puntos de vista frente a autoridades cuyas decisiones les afectan, en el marco de la mayor transparencia posible, y elegir a la persona que mejor pueda representarlos en ese interés”.

Sobre cómo saber con claridad cuáles son todas las empresas dedicadas al lobby , el director de ICC Crisis plantea que “eso se sabrá con más certeza una vez que empiecen a operar los distintos mecanismos de registro que la ley ha definido”.

Según consta en su página web, han sido clientes de ellos Conacep, Corfo, Copec, Enami, Fundación Las Rosas, Grupo Security, Hasbro y Santander, entre otros.

Dudas de los parlamentarios:
El método en el Congreso

El lobby en el Congreso se ha desenvuelto hasta ahora en una “zona gris”. Prueba de ello es que en el Senado y en la Cámara no hay un catastro de las personas o instituciones que lo ejercen.

Según relatan los legisladores, es una actividad que a veces se desarrolla con cierta informalidad. Por ejemplo, existen quejas por la manera intempestiva en que algunos lobistas abordan a los parlamentarios en los pasillos o escalinatas. Pero también se dan casos en los que senadores o diputados admiten tener un vínculo periódico con quienes ejercen lobby , cuya validez defienden a partir del legítimo derecho a plantear peticiones y temas a la autoridad.

En cuanto a consultoras profesionales, tienen presencia regular en Valparaíso Imaginacción, Azerta y Extend. En el caso de la primera, se preocupa incluso de informarse semanalmente sobre la marcha de decenas de proyectos de ley. Es frecuente también que representantes de estas y otras agencias vayan a las sesiones de las comisiones técnicas de ambas ramas del Legislativo. Allí, toman el “pulso” a la marcha de las iniciativas y pueden conocer las posturas de los distintos parlamentarios.

En el Congreso circulan versiones sobre la supuesta existencia de asesores legislativos con doble rol, que aparte de apoyar la labor de algunos parlamentarios, también -y sin que aquellos lo sepan- prestarían servicios paralelos a lobistas, gozando de acceso a información privilegiada. El punto, sin embargo, no ha sido hasta ahora comprobado y muchos legisladores lo estiman un mito.

Algunos congresistas, en todo caso, advierten que el auténtico lobby no se “juega” en el Congreso, sino fuera de él. Es ahí cuando entran en acción los “pesos pesados” de la actividad. Personas que por su nombre o trayectoria tienen canal directo con los legisladores.

Para desarrollar su tarea, los lobistas hacen “mapas” de quién es quién en la discusión de una iniciativa determinada. Esa labor incluye también “aterrizar” las expectativas de quienes han encargado el trabajo. Y es que, aunque la gestión se pida en una fase propicia de la tramitación de una ley -y no casi en su despacho-, las consultoras actúan en la lógica de buscar acuerdos.

Hoy, el Legislativo está elaborando un reglamento para implementar la ley, uno de cuyos puntos considera un registro que dé cuenta de todas las acciones de lobby de que los congresistas sean objeto. Pero ya se advierten vacíos.

Los parlamentarios tienen dudas respecto del registro que deben hacer en materia de viajes, obsequios y catastro de quienes los contactan. Si deberán, por ejemplo, registrar cuando los llame un embajador para plantearles un tema. La preocupación es que esto sea en la práctica virtualmente imposible, por el cúmulo de acciones -susceptibles de ser entendidas como lobby – que deben llevar adelante los congresistas.

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