El Mostrador: Realismo Comunicacional en La Haya, columna de opinión de Rafael Sousa

Publicado el: 29 diciembre, 2015
29 Dic 2015

Realismo Comunicacional en La Haya

Los asuntos estratégicos, como las enfermedades complejas, tienen una naturaleza particular: son fácilmente manejables cuando son difíciles de diagnosticar, pero cuando ya son evidentes las posibilidades de gestionarlos exitosamente son bajas. Algo de este tipo es lo que ha pasado con Chile y su estrategia política, diplomática y comunicacional en el marco de los conflictos limítrofes con Perú y Bolivia. En estos casos, parece haberse asumido que la presencia de tratados significa la ausencia de conflictos, los que surgen solo si se viola lo tratado. Sin esta tesis legalista, no se explica la estrategia que ha impulsado Chile en esta materia a través de distintos gobiernos.

El lado positivo de esta forma de plantarse ante la comunidad internacional, es que Chile ha ganado fama de país serio y cumplidor, abriendo puertas a buena parte del mundo, especialmente en el ámbito económico. Lo malo de la visión legalista es que nos ha quitado sentido de realidad. Cuando Perú y Bolivia han hecho públicos problemas que Chile considera zanjados por los tratados, en general la reacción ha sido negar los conflictos.

Nadie en su sano juicio gasta energía ni recursos en problemas que no existen, por lo que salvo excepciones como la oferta de “relaciones aquí y ahora” del Presidente Lagos a su par boliviano en 2004, se ha optado por la pasividad hasta que los conflictos se han transformado en juicios. En el marco de la demanda boliviana, la ventaja comunicacional de ese país es que impuso su definición del problema, en la lógica de “abuso”, “despojo”, de “agresor y agredido”. Frente a esto Chile ha argumentado, pero no ha construido una definición propia del problema. La pregunta es qué hacer. Chile puede no ser considerado el “mejor compañero” del barrio latinoamericano pero sí se lo reconoce como el “mejor alumno”. Dado que las situaciones de conflicto son poco propicias para construir capital comunicacional, es mejor usar el que ya se ha construido. Esto significa que, en la lucha por las percepciones de los líderes y la opinión pública internacional, en esta coyuntura es más realista buscar respeto que simpatía. Para esto es necesario un discurso que apele a valores e intereses universales, coherente con el posicionamiento que Chile ha logrado internacionalmente, que tenga como ejes el respeto por los acuerdos como base de la convivencia y la seriedad en las relaciones. El acato frente a los fallos que le han sido adversos es el sustento moral de este discurso y el propósito debiera ser buscar apoyo hacia estos principios, los que implícitamente signifiquen un apoyo a los intereses chilenos.

Rafael Sousa: Director General de ICC CRISIS. Magister en Comunicación de la UDP, Profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

 

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Pulso: ¿Es necesario leer la Constitución?, columna de Rafael Sousa

Publicado el: 11 diciembre, 2015
11 Dic 2015


Por Rafael Sousa Amunategui. El desafío para el Gobierno es enorme. Sus reformas emblemáticas han fracasado en su capacidad de generar adhesión a medida que la opinión pública se forma un juicio.

Desde que la Presidenta Bachelet anunció la ruta constituyente a mediados de octubre, las esperanzas e inquietudes que encarna este proceso se han hecho más tangibles. Los esperanzados ven una reivindicación democrática y una posibilidad de justicia social que los puede ayudar a mejorar sus vidas. Los inquietos, anticipan un período de incertidumbre innecesaria y la posibilidad de ver afectados ciertos derechos, como el de propiedad.

Las encuestas recientes muestran que un 71% cree que el país necesita una nueva Constitución y cerca del 50% está de acuerdo con que esta permitirá superar problemas en ámbitos como la desigualdad, justicia, educación, seguridad, salud y calidad de vida, entre otros (Cadem, octubre). Pero cuando se ofrecen alternativas más específicas, un 35% se inclina por reformar la Constitución actual y un 45% por hacer una nueva (UDP, noviembre), mientras solo un 3% menciona la reforma constitucional como uno de los tres problemas a los que el Gobierno debería dedicar más esfuerzo (CEP, agosto).

¿Contradictorio?

Puede ser, pero más importante es que en el tema constitucional estamos transitando -en términos del experto en opinión pública Daniel Yankelovich- desde una “opinión masiva” hacia un “juicio público” (“public judgement”), lo que implica una opinión basada en la evaluación de las consecuencias y, por lo tanto, más sólida.

Es un error pensar que los ciudadanos no están preparados para participar en un proceso constituyente porque no han leído o no logran nombrar un artículo de la Constitución. Las personas son conscientes del tema constitucional y la mayoría muestra algún grado de esperanza ante su eventual renovación, por lo que este proceso debe orientarse a que los chilenos nos formemos un juicio sólido sobre lo bueno y lo malo que se puede esperar de todo esto, no a que memoricemos la Constitución actual.

El Gobierno definió un proceso de educación cívica que duraría hasta marzo del 2016. Tendrá la dificultad de competir por la atención de las audiencias con las clasificatorias al Mundial, Navidad, Año Nuevo, vacaciones y Festival de Viña, pero si efectivamente aspira a generar una participación legitimadora en cantidad y calidad, debería enfocarse en generar una comprensión sensata sobre qué esperar de la Constitución y cuáles son las alternativas posibles, marcando una diferencia clara de lenguaje y actores entre la campaña educativa y el debate político.

El desafío para el Gobierno es enorme. Las reformas emblemáticas hasta ahora han fracasado en su capacidad de generar adhesión pública justamente en la medida en que la ciudadanía ha avanzado desde opiniones generales hacia juicios más sólidos. Esto quiere decir que ha perdido la batalla sobre la evaluación de las consecuencias por parte de la ciudadanía, etapa en la que está entrando el debate sobre nuestra Constitución.

Para la oposición, es la posibilidad de construir y presentar un relato que le permita mostrarse como una alternativa real. Para todos los actores de este proceso, es necesario avanzar con responsabilidad: transformar el debate constitucional en una disputa odiosa, será entendido por la opinión pública como una lucha de élites más que una discusión de futuro. Y en ese terreno, todos perdemos.

*El autor es director general de ICC Crisis, magíster en Comunicación de la UDP y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

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