El Mostrador: De la crisis de opinión pública a la crisis de legitimidad

Publicado el: 16 agosto, 2016
16 Ago 2016

“El sistema de pensiones es el caso más evidente hoy, porque tiene todos los componentes necesarios: disconformidad mayoritaria, existencia de alternativas reales y ahora una fuerte movilización hacia el cambio, tal como pasó con la institucionalidad de la educación a partir de 2011”.

Cuando el ex Presidente Lagos habla, la agenda mediática y política se mueve. Más si lo hace diagnosticando una crisis profunda, ya no solo política sino institucional, cuya causa es la pérdida de legitimidad de las instituciones producto de la desconfianza. Puede haber mayor o menor acuerdo en cuanto a la dimensión de la crisis por la que atraviesa el país, pero hay evidencia suficiente como para afirmar que existe. Por eso es más responsable discutirla que disimularla.

Lo más visible es que vivimos una crisis de opinión pública hacia las instituciones. Las personas desconfían mayoritariamente del Gobierno, Congreso, Justicia, partidos políticos y las grandes empresas. En general, el poder y la corrupción parecen tener el mismo olor para efectos de la opinión pública, se sospecha de todo. Según la reciente encuesta Mori-Cerc, desde marzo de 2015 más de un 50% cree que Chile está estancado y un 27% piensa que estamos en decadencia, siete puntos más que en diciembre de 2015. Pronóstico nublado, con fuertes lluvias ocasionales, como está pasando en buena parte del mundo.

¿Esta crisis de opinión pública significa que estamos en medio de una crisis de legitimidad institucional? No necesariamente, pero una opinión consistentemente negativa extendida en el tiempo puede derivar en una crisis de legitimidad.

La gran diferencia entre una y otra es que las crisis de legitimidad requieren –además de un clima de reprobación– la existencia de alternativas reales, que generen un cierto consenso y que sean movilizadas por actores capaces de cambiar el estado actual de esa institución por uno alternativo.

Por eso podemos convivir años con instituciones que generan una baja confianza, porque no hay alternativas que sean mayoritariamente percibidas como mejores ni actores capaces de hacer crecer esas propuestas en las redes que conforman ciudadanos, influenciadores y tomadores de decisión. Eso produce que la mayor parte de los cambios se produzcan dentro de la institucionalidad, generando continuidad y estabilidad. No las amamos pero las aceptamos.

Sin embargo, hay instituciones que sí viven una crisis de legitimidad. El sistema de pensiones es el caso más evidente hoy, porque tiene todos los componentes necesarios: disconformidad mayoritaria, existencia de alternativas reales y ahora una fuerte movilización hacia el cambio, tal como pasó con la institucionalidad de la educación a partir de 2011. Una situación incipiente pero robusta es la justicia en relación con la seguridad ciudadana.

El caso del padre e hijo que mataron al delincuente que los asaltó a través de un portonazo en la comuna de San Bernardo, ha generado rabia por sensación ampliamente compartida de que se protege más a los victimarios que a las víctimas de estos delitos. Si la percepción de desamparo se sostiene y surgen actores con capacidad movilizadora defendiendo la justicia por mano propia, podemos estar en un problema de legitimidad institucional mayor. Desde este punto de vista, podemos decir que las instituciones viven una crisis de opinión pública generalizada, que algunas han entrado en zona de deslegitimación y que otras van en ese camino.

La amenaza populista consiste justamente en la oferta de alternativas verosímiles, convocantes, movilizadoras, pero desastrosas en la realidad. El otro extremo –la amenaza inmovilista– no es mucho mejor. Como planteó Samuel Huntington hace años, en la medida que las sociedades cambian, también deben hacerlo las instituciones. En este marco, la principal responsabilidad de quienes lideran las instituciones es justamente sostenerlas, hacer que sigan existiendo para lo que deben existir, adaptarlas a las nuevas realidades y lograr que sean percibidas como la mejor alternativa.

Rafael Sousa Amunategui.
Director General de ICC CRISIS, Profesor de la UDP

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