Pulso: Una revolución desde el living

Publicado el: 22 diciembre, 2016
22 Dic 2016

Por Rafael Sousa Amunategui. Chile está viviendo una tensión entre valores progresistas que difunden los medios y valores conservadores fuertemente arraigados.

EL 45% de los chilenos cree que la llegada de inmigrantes es mala, el 63% está en desacuerdo con que un eventual aporte adicional al sistema de pensiones vaya a un fondo común, y el 63% de los padres y madres prefiere que sus hijos se eduquen en un establecimiento donde los alumnos tengan un nivel socioeconómico parejo y parecido al suyo.

¿Qué tienen en común estos datos? Todos representan posiciones ampliamente compartidas-mayoritarias en algunos casos-, pero que se encuentran en la zona de lo políticamente incorrecto, eso que se puede pensar pero no decir, lo que se comparte sólo con los círculos familiares y de amistad más íntimos.

El que estas ideas tengan poca difusión en proporción a la adhesión que generan parece contradictorio, pero tiene algunas explicaciones. Una de las más convincentes la encontraremos en los medios de comunicación masivos y las redes sociales, espacios a los que, en las sociedades modernas, se les atribuye con razón una gran capacidad de influir en la opinión de las personas.

Basta poner atención al tratamiento que se da en los espacios noticiosos de televisión o al tono que prevalece en las redes sociales cuando se habla de temas como diversidad de género, raza o cultura, para darnos cuenta de que en esos ámbitos, la batalla cultural e ideológica la ha ganado la moral progresista por lejos, promoviendo principios como la integración, la tolerancia y la equidad. En otros tiempos, la muñeca inflable de Roberto Fantuzzi quizá hubiera sido una anécdota simpática, pero hoy resulta indefendible, incluso para quienes en el fondo de su corazón no lo encuentran tan grave.

El efecto que produce el predominio de los valores progresistas en las plataformas de comunicación masivas es la sensación de que toda la opinión pública avanza rápidamente en esa dirección, generando una espiral del silencio de los puntos de vista conservadores. El discurso progresista, como cualquier otro, cuenta con representantes sinceros y cínicos, serios y charlatanes, realistas e ingenuos, pero más allá del juicio que cada uno haga sobre quienes lo promueven, el resultado es un clima de fuerte condena pública hacia los que desafían estos valores o no hacen un esfuerzo por disimular su desacuerdo con la inmigración abierta, los aportes solidarios en el ámbito de las pensiones o la restricción de la educación privada, entre otros temas.

Como a la mayoría de las personas no les gusta ser objeto de juicios sociales ni bullyng, muchas de estas opiniones quedan en los márgenes de los espacios de difusión masivos, pero toman fuerza en las conversaciones privadas, en el interior de los hogares, donde encuentran complicidades y se potencian lejos de una esfera pública que las enjuicia.

En tiempos en que los medios y las redes sociales han sido canalizadores del descontento contra el poder político y económico en todo el mundo, levantando demandas y coordinando movimientos a una velocidad que ha descolocado a las instituciones, parece una ironía que las ideas más revolucionarias puedan ser aquellas que fundamentalmente se están compartiendo en los livings de las casas. Pero es posible.

La baja aprobación hacia los resultados del actual Gobierno no significa necesariamente que la sociedad renuncie a una agenda inspirada en valores progresistas. Sin embargo, en un contexto de bajo crecimiento económico, alto temor por el desempleo, trabajadores chilenos que se quejan porque los inmigrantes parecen estar ocupando sus puestos, hastío con la delincuencia, y considerando que las reformas en pensiones y educación escolar pueden chocar con una masa de ciudadanos que no comulga con los principios progresistas, la posibilidad de que cobre fuerza un discurso conservador depende fundamentalmente de que emerjan actores capaces de interpretar esas opiniones, que las saquen de las sombras de lo políticamente incorrecto y estén dispuestos a competir por el espacio de los medios de comunicación y la esfera pública en general.

Buena parte del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos está explicado por fenómenos de este tipo, antecedidos por una fuerte polarización entre progresistas y conservadores que espero no veamos en nuestro país y que nuestros líderes tendrán la responsabilidad de evitar.

Chile, con sus propias complejidades, está empezando a vivir algo similar en cuanto a la tensión entre valores progresistas masivamente difundidos por los medios y valores conservadores distantes de estos espacios pero fuertemente arraigados en buena parte de la ciudadanía, esperando por intérpretes que les den forma de propuesta política en ámbitos como inmigración, educación, pensiones y agenda valórica, y que de tener éxito en el corto plazo, cambiarían radicalmente el escenario electoral de 2017.

*El autor es director general de ICC Crisis, magíster en Comunicación de la UDP y profesor en la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

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El mostrador: Lo que Trump construyó (o destruyó)

Publicado el: 21 noviembre, 2016
21 Nov 2016

“La base para entender lo que ha pasado es el descontento de muchos estadounidenses con el curso que ha seguido su país. Trump les habló a ellos y a nadie más, por eso a los extranjeros nos resulta difícil compartirlo, siquiera entender la fuerza de su discurso. Los motivos del descontento al que apeló son diversos, pero tres temas fueron centrales en su retórica: el curso de la economía, la seguridad y las minorías raciales e inmigrantes. Sobre estos asuntos se han generado, a lo largo de los últimos veinte años, posiciones que hoy parecen irreconciliables, y que redujeron esta campaña a una gran decisión: mantener las puertas de Estados Unidos abiertas al mundo o cerrarlas”.

Para todos quienes no somos ciudadanos estadounidenses es extremadamente difícil entender cómo Donald Trump llegó a ser elegido presidente de la democracia más fuerte del mundo. Pero después de una semana en Estados Unidos siguiendo estas elecciones, asistiendo a los rallies finales de campaña de ambos candidatos y hablando con expertos locales, algunas pistas permiten entender el fenómeno y sus proyecciones.

Pese a que muy pocos le daban posibilidades reales al candidato republicano, resultó ser muy sintomática la diferencia entre sus actos de cierre de campaña y los de Hilary Clinton. Por el lado de la candidata demócrata grandes artistas, ambiente festivo pero poco entusiasmo político. Ella parecía una invitada donde debía ser la estrella. Por parte de Trump, un electorado comprometido, con el sentimiento de estar haciendo historia y capaz de esperar de pie por seis horas hasta la madrugada para ver a su candidato, después de escuchar un CD (sí, un CD) con música de relleno que se repetía una y otra vez.

La base para entender lo que ha pasado es el descontento de muchos estadounidenses con el curso que ha seguido su país. Trump les habló a ellos y a nadie más, por eso a los extranjeros nos resulta difícil compartirlo, siquiera entender la fuerza de su discurso. Los motivos del descontento al que apeló son diversos, pero tres temas fueron centrales en su retórica: el curso de la economía, la seguridad y las minorías raciales e inmigrantes. Sobre estos asuntos se han generado, a lo largo de los últimos veinte años, posiciones que hoy parecen irreconciliables, y que redujeron esta campaña a una gran decisión: mantener las puertas de Estados Unidos abiertas al mundo o cerrarlas y, como mucho, mantener algunas ventanas abiertas.

Las posiciones de los estadounidense sobre estos temas se movieron cada vez más hacia los polos y permitieron el surgimiento de Trump, un hombre de negocios blanco, exitoso, agresivo, famoso, de personalidad magnética y externo a la política, urbano con valores rurales y conservador con rasgos de playboy.

Así, Trump se transformó en un intérprete de los más enrabiados, los que sienten que ya no pueden reconocer el país en que viven y han vivido sus abuelos y bisabuelos. Para transformar esta rabia en un llamado a la acción prometió y encarnó un regreso a los días de gloria de Estados Unidos. De eso se trató “make America great again”: un retorno a los valores del Estados Unidos rural, religioso, de trabajo duro, familia tradicional, sin amenazas terroristas como las conocemos, donde las minorías eran realmente minorías, los empleos se quedaban en el país y los bienes se producían dentro de la frontera.

Pero hasta la irrupción de Trump en la política, esta retórica de un Estados Unidos para los estadounidenses había entrado en una espiral de silencio que duró quizás una generación. El mayor éxito de Trump fue sacar ese discurso de la zona políticamente incorrecta, y nos dimos cuenta de que paralelamente al Estados Unidos cosmopolita y abierto de las grandes ciudades, existía una enorme masa que quiere lo opuesto, porque no les gusta aquello en lo que su país se ha transformado.

Lo más fácil es caricaturizar a los votantes de Trump como campesinos racistas e intolerantes, pero las simplificaciones siempre son dañinas. Ellos sienten que construyeron el mejor país del mundo y ahora lo tienen que compartir con otros que, en muchos casos, llegan a este país al margen de la ley para quedarse con un pedazo de lo que ellos sienten haber edificado, frenando el desarrollo del país y cambiando las costumbres y valores de lo que ellos entienden como comunidad.

Lo que muchos se preguntan ahora es qué va a pasar con lo que Trump construyó (o destruyó), más allá de lo que resulte ser su administración. Probablemente él deberá pagar un costo alto por los heridos que dejó en el camino, tanto en el Partido Republicano como en el establishment en general, lo seguirán investigando y le será difícil gobernar por el alto rechazo que genera. Sin embargo, lo que el ahora presidente electo logró entre los estadounidenses es más que ganar una elección, es un movimiento del que otros actores conservadores probablemente buscarán ser nuevos intérpretes.

Trump no solo ganó la Casa Blanca sino también –nos guste o no– el corazón de quienes añoran un pasado que consideran glorioso, en que las caras les resultaban conocidas y los productos que consumían no decían Made In China, pese a que paradójicamente ese era el origen de las gorras sobre las cabezas de miles de estadounidenses que gritaban “make America great again”.

Rafael Sousa

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El Mostrador: De la crisis de opinión pública a la crisis de legitimidad

Publicado el: 16 agosto, 2016
16 Ago 2016

“El sistema de pensiones es el caso más evidente hoy, porque tiene todos los componentes necesarios: disconformidad mayoritaria, existencia de alternativas reales y ahora una fuerte movilización hacia el cambio, tal como pasó con la institucionalidad de la educación a partir de 2011”.

Cuando el ex Presidente Lagos habla, la agenda mediática y política se mueve. Más si lo hace diagnosticando una crisis profunda, ya no solo política sino institucional, cuya causa es la pérdida de legitimidad de las instituciones producto de la desconfianza. Puede haber mayor o menor acuerdo en cuanto a la dimensión de la crisis por la que atraviesa el país, pero hay evidencia suficiente como para afirmar que existe. Por eso es más responsable discutirla que disimularla.

Lo más visible es que vivimos una crisis de opinión pública hacia las instituciones. Las personas desconfían mayoritariamente del Gobierno, Congreso, Justicia, partidos políticos y las grandes empresas. En general, el poder y la corrupción parecen tener el mismo olor para efectos de la opinión pública, se sospecha de todo. Según la reciente encuesta Mori-Cerc, desde marzo de 2015 más de un 50% cree que Chile está estancado y un 27% piensa que estamos en decadencia, siete puntos más que en diciembre de 2015. Pronóstico nublado, con fuertes lluvias ocasionales, como está pasando en buena parte del mundo.

¿Esta crisis de opinión pública significa que estamos en medio de una crisis de legitimidad institucional? No necesariamente, pero una opinión consistentemente negativa extendida en el tiempo puede derivar en una crisis de legitimidad.

La gran diferencia entre una y otra es que las crisis de legitimidad requieren –además de un clima de reprobación– la existencia de alternativas reales, que generen un cierto consenso y que sean movilizadas por actores capaces de cambiar el estado actual de esa institución por uno alternativo.

Por eso podemos convivir años con instituciones que generan una baja confianza, porque no hay alternativas que sean mayoritariamente percibidas como mejores ni actores capaces de hacer crecer esas propuestas en las redes que conforman ciudadanos, influenciadores y tomadores de decisión. Eso produce que la mayor parte de los cambios se produzcan dentro de la institucionalidad, generando continuidad y estabilidad. No las amamos pero las aceptamos.

Sin embargo, hay instituciones que sí viven una crisis de legitimidad. El sistema de pensiones es el caso más evidente hoy, porque tiene todos los componentes necesarios: disconformidad mayoritaria, existencia de alternativas reales y ahora una fuerte movilización hacia el cambio, tal como pasó con la institucionalidad de la educación a partir de 2011. Una situación incipiente pero robusta es la justicia en relación con la seguridad ciudadana.

El caso del padre e hijo que mataron al delincuente que los asaltó a través de un portonazo en la comuna de San Bernardo, ha generado rabia por sensación ampliamente compartida de que se protege más a los victimarios que a las víctimas de estos delitos. Si la percepción de desamparo se sostiene y surgen actores con capacidad movilizadora defendiendo la justicia por mano propia, podemos estar en un problema de legitimidad institucional mayor. Desde este punto de vista, podemos decir que las instituciones viven una crisis de opinión pública generalizada, que algunas han entrado en zona de deslegitimación y que otras van en ese camino.

La amenaza populista consiste justamente en la oferta de alternativas verosímiles, convocantes, movilizadoras, pero desastrosas en la realidad. El otro extremo –la amenaza inmovilista– no es mucho mejor. Como planteó Samuel Huntington hace años, en la medida que las sociedades cambian, también deben hacerlo las instituciones. En este marco, la principal responsabilidad de quienes lideran las instituciones es justamente sostenerlas, hacer que sigan existiendo para lo que deben existir, adaptarlas a las nuevas realidades y lograr que sean percibidas como la mejor alternativa.

Rafael Sousa Amunategui.
Director General de ICC CRISIS, Profesor de la UDP

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La Segunda: La Alianza a la que temen los políticos

Publicado el: 30 junio, 2016
30 Jun 2016

Los fiscales Manuel Guerra, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dieron una nueva señal: las causas de financiamiento irregular de la política están lejos de cerrarse.

Por Malú Urzúa
El pasado miércoles 22, el fiscal jefe del equipo de Alta Complejidad de la zona oriente, Carlos Gajardo, llegó hasta el edificio del Congreso en Valparaíso, invitado a participar en la comisión investigadora de estafas piramidales. Lo hizo en un semestre en que ha liderado las pesquisas de los casos Arcano, IM Forex y AC Inversions.

La presencia de Gajardo en el Congreso conmocionó a los diputados. Varios de ellos aprovecharon que el fiscal llegara 45 minutos antes para acercársele a saludarlo de mano, le comentaran sobre el partido que horas más tarde jugaría Chile contra Colombia en la Copa América e, incluso, bromearan con la posibilidad de que el encuentro se viera interrumpido por las malas condiciones del clima.

La escena relajada del fiscal con los parlamentarios contrastaba con la imagen que ese mismo día estaba en la primera plana de los diarios, con Gajardo y el fiscal Pablo Norambuena ingresando al edificio de Antofagasta Minerals para incautar documentación luego que abrieran una investigación en contra del PPD Jorge Insunza por las asesorías que realizó a esa empresa mientras era presidente de la comisión de minería de la Cámara.

La diligencia no sólo significaba el regreso a la primera línea de ambos fiscales, que en los últimos tres meses habían figurado sólo por las grandes estafas piramidales. También reavivó el temor de la clase política de que, lejos de que empezaran a acotarse las pesquisas por las platas políticas, comenzaban a reaparecer nuevas investigaciones de la misma fiscalía que descubrió con Penta el primer hilo del financiamiento ilegal.

La tríada

Detrás de la apertura de la causa contra Insunza está Manuel Guerra, el fiscal regional de la zona metropolitana oriente, quien dio luz verde a la propuesta de Gajardo y Norambuena de investigar.

Guerra no ha sido un fiscal de escritorio. Mucho más político que su antecesor Alberto Ayala, ha cultivado un perfil protagónico, liderando audiencias del caso Penta y sigue de cerca todos los detalles de platas políticas. Está en permanente contacto con Gajardo y Norambuena.

“Guerra siempre ha tenido un estilo colaborativo, poco jerárquico y de involucrarse en los temas jurídicos. Él quiere que estas causas lleguen a buen puerto. Su foco está en investigar. Guerra siempre ha mirado hacia la ciudadanía y le gusta el reconocimiento público”, dice un ex fiscal sobre su estilo.

Guerra ha sido un aliado para ambos fiscales y ha capitalizado el alto perfil de Gajardo. Asimismo, ha coincidido en estilo y criterio de las decisiones que adoptan en los casos. Por ejemplo, cuando este martes en la mañana Gajardo y Norambuena entraron a las oficinas de Antofagasta Minerals y luego a la casa de Insunza en busca de documentación, en paralelo Guerra salía públicamente a confirmar la apertura de la causa contra el ex diputado PPD: informó que la investigación era por delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible.

Un detalle clave es que esa misma mañana, y antes de referirse al caso de Insunza, Guerra sostuvo una reunión con el fiscal nacional Jorge Abbott, el fiscal Pablo Gómez (SQM) y por vía telefónica con Emiliano Arias (Corpesca) desde Rancagua, en la que analizaron el futuro de las causas de platas políticas. Y, contrario al escenario que se veía hace unos meses, lejos de cerrarse y acotarse, éstas se han ido ampliando.

Un factor gravitante en el cambio de este escenario, y que gatilló la apertura de la indagatoria contra Insunza, fue el reciente fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó el sobreseimiento que pedía Carlos Bombal en Penta: dio a la fiscalía luz verde para investigar sin necesidad de una querella nominativa del SII.

La sintonía con Guerra

Días después que Guerra asumiera como fiscal regional, Gajardo y Norambuena se reunieron con él para felicitarlo por su nombramiento. Además, hasta ese momento ellos tampoco sabían si continuarían o no en la institución. La sintonía con Ayala no había sido buena y necesitaban conocer la visión sobre las investigaciones por platas políticas de Guerra, que había quedado a cargo del caso Penta tras la salida de Sabas Chahuán.

A la vez, estaban aún frescos los dichos de Abott cuando evidenció en el Senado, en su postulación, su doctrina sobre la imposibilidad de la fiscalía de seguir con las causas contra políticos por delitos tributarios sin una querella o denuncia del SII, con nombre y apellido. Abott, además, poco después de asumir, exigía “prudencia” a los investigadores, reprochando a los persecutores “de alto perfil”.

Fue así como tras ese encuentro con Guerra, Gajardo y Norambuena disiparon sus dudas. Guerra les hizo ver lo importante que eran ellos para su proyecto. Luego, les señaló su postura sobre las causas políticas: denunciado el hecho, se puede investigar a todas las personas que tuvieran participación en él, ya fuera emisores, facilitadores, receptores de los dineros y empresas. Lineamiento que ahora se aplicó en el caso de Insunza.

El trío habló también sobre la imposibilidad de suspender condicionalmente a políticos que hubieran cometido delitos reiterados y que en situaciones graves las salidas alternativas estaban descartadas.

El cuartel en Ñuñoa

Hoy Gajardo y Norambuena, además de José Antonio Villalobos, trabajan en el edificio institucional de Ñuñoa, donde se instaló la Fiscalía de Alta Complejidad.

La salida de los fiscales desde la sede principal de Las Condes estuvo lejos de relegarlos a un segundo plano. Por el contrario, fue una especie de premio: fue el propio Guerra quien les dio a escoger volver a Ñuñoa. Una de las razones: todo el equipo vive en sus alrededores.

De los tres fiscales, Norambuena es el de más bajo perfil público, pero es quien ha estado detrás de todos los casos de platas políticas. Abogado de la Fiscalía Nacional de Quiebras hasta el 2004, ese año fue escogido por Gajardo para entrar como fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos.

Y en esta vuelta de la Fiscalía de Alta Complejidad a la primera plana, fue Norambuena quien coordinó las incautaciones del martes pasado. Acompañó a Gajardo a Antofagasta Minerals y a la casa de Insunza a Ñuñoa, fue solo.

Recuadro :
Larraín aludió a Insunza para ejemplificar trato desigual

 

Eugenio Tironi sobre empresariado: “Ya pasaron el primer chaparrón”

Para los asesores comunicacionales de las principales empresas del país, el daño a la imagen de los últimos escándalos empresariales ha dejado de ser una preocupación, aunque reconocen los efectos.

El socio de Tironi y Asociados, Eugenio Tironi, explica que “las empresas ya pasaron el primer chaparrón. Ahora están concentradas en sortear las consecuencias de la desaceleración económica”. Concuerda Felipe Edwards, socio de Azerta: “No me ha llamado ninguna empresa preocupada luego de que explotó el caso de Antofagasta Minerals. No han reaccionado a este hecho puntual”, dice.

Francisco Celedón, socio de ICC Crisis, opina que “no creo que las empresas estén incómodas como conjunto por la explosión de estos casos de corrupción y denuncias”. En tanto, el gerente general de Llorente & Cuenca, Claudio Ramírez, dice que “vemos preocupación de las compañías por la mediatización de la justicia y la judicialización de proyectos, donde en algunos casos los procesos se conocen y sensibilizan antes por la prensa, con efectos devastadores para los involucrados , al ser condenados primero en la corte pública”.

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El Mercurio: Cómo se recupera la alicaída imagen de políticos y empresarios bajo la mirada de la comunicación estratégica

Publicado el: 29 febrero, 2016
29 Feb 2016

Polémica por rutinas de humor en el Festival de Viña:

Los casos Soquimich, Penta y Caval son algunos de los episodios que han sido referencias obligadas de los humoristas en el certamen viñamarino. Ante esto, las empresas comunicacionales dan sus recetas para entender el fenómeno.
IGNACIA GODOY y MAGDALENA GRONDONA

“La gente está indignada con las instituciones, con el sistema. En la calle me decían, ‘Edo, dale a la AFP’, y yo le decía ‘pero h…, que querí que le dé, si le he dado todo”. “Señores políticos, por qué no terminan con la h… y crean un solo partido político y le ponen Soquimich”. Esto es solo una muestra de cómo Edo Caroe y Rodrigo González, respectivamente, emplazaron a políticos, instituciones y empresas privadas durante sus rutinas en la última edición del Festival de Viña, causando el aplauso general del público. Y no ha sido la única oportunidad. El humor político ha ido ganando terreno entre los cómicos, que toman los casos de corrupción, emisión de boletas ideológicamente falsas, colusión entre empresas y otros episodios recientes de este tipo para divertir a sus audiencias.

El uso de redes sociales, el enfoque de los medios y “una ciudadanía cada vez más empoderada”, son algunas de las razones que las empresas de comunicación estratégica entregan para explicar el fenómeno.

“Las rutinas en Viña eran esperables”

Los ejecutivos de las grandes compañías de comunicación tienen una opinión clara respecto a la performance de los humoristas en el Festival de Viña: era altamente probable que se aludiera a políticos, empresarios e instituciones.

“Lo que ha pasado con las rutinas en Viña era totalmente esperable. Es negativo para políticos y empresas que son nombradas específicamente, pero no es negativo para el ambiente general, pues las personas liberan presión”, opina Rafael Sousa, director general de comunicación de ICC Crisis, quienes han tenido como clientes al Sernam, Transantiago y la Segegob.

La socia de Azerta -empresa que entre sus clientes ha tenido a Cencosud y Coca-Cola- Daniela Lipari, coincide y agrega que “lo que hemos visto en Viña no puede sorprender, sobre todo considerando la abultada lista de escándalos del último tiempo”.

Cuestionamiento del éxito empresarial y político

El escenario que resurgió a raíz del festival, se vive hace ya mucho tiempo, como dicen los actores de las distintas empresas comunicacionales.

“Hace años que hemos tenido que ir ajustándonos a parámetros que antes no existían, para que las empresas sean más abiertas y transparentes con sus clientes”, explica León Guzmán gerente general de Burson-Marsteller

La fórmula, dice, es a través de una relación directa con los clientes y el público e incorporar nuevos temas que sintonicen con las audiencias.

Para Pamela Leonard, gerente general de Hill + Knowlton Strategies (H+K) en Chile, tanto en política como en las empresas “se cuestiona la receta para el éxito, el cómo se han hecho las cosas y cómo se ha alcanzado”, dice.

Agrega que esta crisis va en ambas direcciones, no solo de parte del público sino que también de las empresas o instituciones hacia sus receptores. Aspectos que notan “cuando escuchamos a los empresarios, por ejemplo, que se sienten dañados, heridos y no reconocidos” por la gente.

Los factores que han hecho cambiar la estrategia

León Guzmán identifica claramente dos factores que determinan el escenario en que se mueven las empresas, políticos e instituciones: el “empoderamiento del ciudadano” y, como consecuencia, una creciente regulación a las entidades. A esto agrega que las redes sociales amplifican todo evento, de una manera que antes no pasaba: “Hay una sobreexposición de todo el acontecer de empresas, clase política, cualquier grupo que hoy sea objeto de escrutinio”, señala.

Pero las redes sociales no actuarían solas, según explica Sousa. La prensa también jugaría un rol importante al tener un enfoque de cuestionamiento constante. “La aproximación de los medios ha cambiado, ahora tienen un número de Whatsapp para que la gente haga sus denuncias ciudadanas, hay toda una máquina tecnológica en función de que las personas les entreguen situaciones con demandas y descontentos”, explica.

“Se necesitan compromisos concretos y no de cartón”

Todos coinciden en que si las críticas van con “menciones específicas”, el daño sí es grave, por lo tanto se requieren cambios.

“Sería un error pensar que esto se soluciona con un maquillaje comunicacional, se trata de acompañar transformaciones de fondo”, dice Juan Meriches, director coordinador de la empresa Feedback.

Pamela Leonard agrega que no hay que tomarlo como “facilismo”, sino que hay que tener una capacidad de escucha profunda.

“No es transformar un posteo en Facebook en un eslogan de campaña, tiene que ver con entender cuál es la expectativa detrás”, aclara.

Como respuesta a este momento, en B2O han implementado una estrategia de branding político, que plantea el escenario de primarias y voto voluntario.

“Los políticos no solo deben tener la capacidad de establecer su liderazgo y crear imagen de confianza, sino que deben movilizar a los votantes a las urnas”, dice el socio de B2O, Luis Hernán Bustos. La manera de abordar el tema, es a través del discurso, el tono y la manera del despliegue del candidato en terreno.

En concreto, cuenta, se trabaja con la idea de plantear temáticas ciudadanas y causas concretas para generar alta empatía y baja autorreferencia del mismo político.

Meriches, de Feedback, dice que el escenario que se está fraguando es de mayor exigencia y se necesitaría mostrar “compromisos concretos y no de cartón”.

Desde H+K intentan apuntar a este cambio mediante la construcción de una reputación corporativa, realizando una encuesta Adimark a las audiencias dónde se les pregunta cuáles son las claves para mejorar este punto.

“Hay que pensar qué están dispuestos a hacer y preguntarse de quién estamos recibiendo consejos”, dice Pamela Leonard. Punto en el que explica que se necesitan “generaciones futuras” sin una “mirada autocomplaciente”.

Desde Imaginacción el gerente de asuntos públicos, Moisés Valenzuela, dice que se abren los límites de las mismas marcas. “Antes la pandereta llegaba hasta su propio entorno, ahora eso no es así, porque la sociedad empoderada no te lo permite”, señala. Desde esa perspectiva, apuntan a que las empresas tengan una relación con su entorno y comunidad directamente afectada.

En Extend, compañía que ha trabajado con SCA, Penta y SQM, coinciden con el acercamiento de las instituciones al público, pero también apuntan a que a pesar de la crítica, “siempre hay algo que aprender”, como dice su socia Pilar Velasco. Un ejemplo concreto de esto, ocurrió con su cliente, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. Velasco dice que, a pesar de ser una institución criticada constantemente desde hace años, ha logrado cambiar su estrategia comunicacional a raíz del acercamiento con la gente. Esto a partir de “construir por las cosas positivas”.

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El Mostrador: Realismo Comunicacional en La Haya, columna de opinión de Rafael Sousa

Publicado el: 29 diciembre, 2015
29 Dic 2015

Realismo Comunicacional en La Haya

Los asuntos estratégicos, como las enfermedades complejas, tienen una naturaleza particular: son fácilmente manejables cuando son difíciles de diagnosticar, pero cuando ya son evidentes las posibilidades de gestionarlos exitosamente son bajas. Algo de este tipo es lo que ha pasado con Chile y su estrategia política, diplomática y comunicacional en el marco de los conflictos limítrofes con Perú y Bolivia. En estos casos, parece haberse asumido que la presencia de tratados significa la ausencia de conflictos, los que surgen solo si se viola lo tratado. Sin esta tesis legalista, no se explica la estrategia que ha impulsado Chile en esta materia a través de distintos gobiernos.

El lado positivo de esta forma de plantarse ante la comunidad internacional, es que Chile ha ganado fama de país serio y cumplidor, abriendo puertas a buena parte del mundo, especialmente en el ámbito económico. Lo malo de la visión legalista es que nos ha quitado sentido de realidad. Cuando Perú y Bolivia han hecho públicos problemas que Chile considera zanjados por los tratados, en general la reacción ha sido negar los conflictos.

Nadie en su sano juicio gasta energía ni recursos en problemas que no existen, por lo que salvo excepciones como la oferta de “relaciones aquí y ahora” del Presidente Lagos a su par boliviano en 2004, se ha optado por la pasividad hasta que los conflictos se han transformado en juicios. En el marco de la demanda boliviana, la ventaja comunicacional de ese país es que impuso su definición del problema, en la lógica de “abuso”, “despojo”, de “agresor y agredido”. Frente a esto Chile ha argumentado, pero no ha construido una definición propia del problema. La pregunta es qué hacer. Chile puede no ser considerado el “mejor compañero” del barrio latinoamericano pero sí se lo reconoce como el “mejor alumno”. Dado que las situaciones de conflicto son poco propicias para construir capital comunicacional, es mejor usar el que ya se ha construido. Esto significa que, en la lucha por las percepciones de los líderes y la opinión pública internacional, en esta coyuntura es más realista buscar respeto que simpatía. Para esto es necesario un discurso que apele a valores e intereses universales, coherente con el posicionamiento que Chile ha logrado internacionalmente, que tenga como ejes el respeto por los acuerdos como base de la convivencia y la seriedad en las relaciones. El acato frente a los fallos que le han sido adversos es el sustento moral de este discurso y el propósito debiera ser buscar apoyo hacia estos principios, los que implícitamente signifiquen un apoyo a los intereses chilenos.

Rafael Sousa: Director General de ICC CRISIS. Magister en Comunicación de la UDP, Profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

 

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Pulso: ¿Es necesario leer la Constitución?, columna de Rafael Sousa

Publicado el: 11 diciembre, 2015
11 Dic 2015


Por Rafael Sousa Amunategui. El desafío para el Gobierno es enorme. Sus reformas emblemáticas han fracasado en su capacidad de generar adhesión a medida que la opinión pública se forma un juicio.

Desde que la Presidenta Bachelet anunció la ruta constituyente a mediados de octubre, las esperanzas e inquietudes que encarna este proceso se han hecho más tangibles. Los esperanzados ven una reivindicación democrática y una posibilidad de justicia social que los puede ayudar a mejorar sus vidas. Los inquietos, anticipan un período de incertidumbre innecesaria y la posibilidad de ver afectados ciertos derechos, como el de propiedad.

Las encuestas recientes muestran que un 71% cree que el país necesita una nueva Constitución y cerca del 50% está de acuerdo con que esta permitirá superar problemas en ámbitos como la desigualdad, justicia, educación, seguridad, salud y calidad de vida, entre otros (Cadem, octubre). Pero cuando se ofrecen alternativas más específicas, un 35% se inclina por reformar la Constitución actual y un 45% por hacer una nueva (UDP, noviembre), mientras solo un 3% menciona la reforma constitucional como uno de los tres problemas a los que el Gobierno debería dedicar más esfuerzo (CEP, agosto).

¿Contradictorio?

Puede ser, pero más importante es que en el tema constitucional estamos transitando -en términos del experto en opinión pública Daniel Yankelovich- desde una “opinión masiva” hacia un “juicio público” (“public judgement”), lo que implica una opinión basada en la evaluación de las consecuencias y, por lo tanto, más sólida.

Es un error pensar que los ciudadanos no están preparados para participar en un proceso constituyente porque no han leído o no logran nombrar un artículo de la Constitución. Las personas son conscientes del tema constitucional y la mayoría muestra algún grado de esperanza ante su eventual renovación, por lo que este proceso debe orientarse a que los chilenos nos formemos un juicio sólido sobre lo bueno y lo malo que se puede esperar de todo esto, no a que memoricemos la Constitución actual.

El Gobierno definió un proceso de educación cívica que duraría hasta marzo del 2016. Tendrá la dificultad de competir por la atención de las audiencias con las clasificatorias al Mundial, Navidad, Año Nuevo, vacaciones y Festival de Viña, pero si efectivamente aspira a generar una participación legitimadora en cantidad y calidad, debería enfocarse en generar una comprensión sensata sobre qué esperar de la Constitución y cuáles son las alternativas posibles, marcando una diferencia clara de lenguaje y actores entre la campaña educativa y el debate político.

El desafío para el Gobierno es enorme. Las reformas emblemáticas hasta ahora han fracasado en su capacidad de generar adhesión pública justamente en la medida en que la ciudadanía ha avanzado desde opiniones generales hacia juicios más sólidos. Esto quiere decir que ha perdido la batalla sobre la evaluación de las consecuencias por parte de la ciudadanía, etapa en la que está entrando el debate sobre nuestra Constitución.

Para la oposición, es la posibilidad de construir y presentar un relato que le permita mostrarse como una alternativa real. Para todos los actores de este proceso, es necesario avanzar con responsabilidad: transformar el debate constitucional en una disputa odiosa, será entendido por la opinión pública como una lucha de élites más que una discusión de futuro. Y en ese terreno, todos perdemos.

*El autor es director general de ICC Crisis, magíster en Comunicación de la UDP y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

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Pulso: Avanzar en legitimidad empresarial, Columna de Rafael Sousa

Publicado el: 26 agosto, 2015
26 Ago 2015

Por Rafael Sousa Amunátegui. Más importante que saber si el vaso de la legitimidad política y empresarial está medio lleno o medio vacío, es tener la certeza de que las acciones que se impulsen contribuyan a llenarlo.

Las instituciones políticas viven momentos difíciles. Lo vemos todos los días y lo reflejan las últimas encuestas, que sitúan a los partidos y al Congreso como las dos instituciones menos confiables del país. Según CERC, aproximadamente 50% de las personas cree que hay altos grados de corrupción en el Gobierno y el Congreso, y un informe de Infobae muestra a Chile como el país con mayor abstención electoral del mundo en base a la segunda vuelta de 2013 (tomando en cuenta la primera vuelta, Chile estaría en torno al décimo lugar). El vaso medio lleno está dado por la amplia adhesión que genera la democracia como el mejor sistema para el país. Entonces, la discusión es cómo avanzar hacia una mayor legitimidad por la vía de profundizar la democracia.

Las empresas viven un problema similar. Ninguna institución u organización empresarial supera el 20% de confianza en las principales encuestas y junto con las instituciones políticas son las menos confiables. La encuesta Latinobarómetro 2013 ya mostraba que Chile y Paraguay son los países de Latinoamérica donde menos personas perciben la distribución de ingresos como “justa” y que Chile es el segundo país en que menos personas consideran la economía de mercado como el único sistema para ser desarrollado (43%), después de Panamá.

La palabra “empresa” se ha transformado en sinónimo de “grandes empresas”, y en la opinión pública estas se ven como un club cerrado, de elite y privilegios, demasiado poderosas y lejanas, cuyo destino parece separado del de la sociedad. Se las apunta como los grandes beneficiados del desarrollo y, a raíz de los últimos casos, como titiriteros del poder político. Preocupante, pero este vaso también está medio lleno: los chilenos muestran muchísima más confianza en las empresas que conocen o en las que trabajan y siguen creyendo en el esfuerzo y el talento como motores del éxito económico.

Es sano profundizar la discusión -en las empresas y gremios- sobre cómo avanzar en legitimidad empresarial. Así como las elecciones ya no aseguran legitimidad política, los elementos tradicionales de legitimación empresarial, como la constitución de los gobiernos corporativos, el apego a la ley y la generación de empleos siguen siendo necesarios, pero no suficientes. Si entendemos la legitimidad como un fenómeno social, se hace necesario avanzar hacia una visión de la legitimidad empresarial basada en las relaciones. Esto parte por construir nuevas redes y nuevas agendas de relacionamiento a través de las cuales las grandes empresas se integren en las bases de la sociedad de forma permanente y no coyuntural, a través de procesos de diálogo y desarrollo de proyectos conjuntos de largo alcance en que se involucren los principales líderes de las compañías. También implica un esfuerzo por simplificar el lenguaje corporativo, hacerlo accesible y de esa manera acortar la distancia que separa a las empresas de la sociedad.

Más importante que saber si el vaso de la legitimidad política y empresarial está medio lleno o medio vacío, es tener la certeza de que las acciones que se impulsen contribuyan a llenarlo.

*El autor es director general ICC Crisis, magíster en Comunicación UDP y profesor Facultad de Comunicación y Letras UDP.

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