Nota de Pulso sobre nuestro Segundo Zoom a la Confianza en las Empresas

Publicado el: 20 julio, 2017
20 Jul 2017

Grupos de menores ingresos mejoran su confianza en las empresas

En tanto, los hogares mostraron mayor capacidad de financiamiento en el periodo que llegó a un 5,4% del ingreso disponible.

Durante el primer trimestre de 2017, la necesidad de financiamiento de las empresas no financieras aumentó a un 2,9%, lo que significa un aumento de 0,3 punto porcentual respecto al periodo previo mientras. Así lo dio a conocer el Banco Central esta mañana a través del informe de Cuentas Nacionales.

En tanto, la deuda de las compañías representó 105,7% del PIB, disminuyendo 0,8 punto porcentual respecto del cierre de año, “en línea con el menor flujo de préstamos contratados tanto en Chile como en el exterior”, dice el Central.

En el caso de los hogares, por el contrario, se registró mayor capacidad de financiamiento en ese lapso que llegó a 5,4% del ingreso disponible y que es 0,4 punto porcentual mayor que el cierre de 2016. Según el informe, en este lapso, los hogares adquirieron activos financieros equivalentes a un 12,2% del ingreso disponible, “especialmente aportes a los fondos de pensiones (8,1pp.), y contrataron pasivos, por el equivalente a 6,8%, principalmente préstamos bancarios”.

Además, mostraron un ratio deuda/ingreso de 68,5%, superior al cierre de diciembre en 0,3 punto porcentual, y que se explica por el aumento de los préstamos bancarios para la adquisición de viviendas.

 

Pulso: Una revolución desde el living

Publicado el: 22 diciembre, 2016
22 Dic 2016

Por Rafael Sousa Amunategui. Chile está viviendo una tensión entre valores progresistas que difunden los medios y valores conservadores fuertemente arraigados.

EL 45% de los chilenos cree que la llegada de inmigrantes es mala, el 63% está en desacuerdo con que un eventual aporte adicional al sistema de pensiones vaya a un fondo común, y el 63% de los padres y madres prefiere que sus hijos se eduquen en un establecimiento donde los alumnos tengan un nivel socioeconómico parejo y parecido al suyo.

¿Qué tienen en común estos datos? Todos representan posiciones ampliamente compartidas-mayoritarias en algunos casos-, pero que se encuentran en la zona de lo políticamente incorrecto, eso que se puede pensar pero no decir, lo que se comparte sólo con los círculos familiares y de amistad más íntimos.

El que estas ideas tengan poca difusión en proporción a la adhesión que generan parece contradictorio, pero tiene algunas explicaciones. Una de las más convincentes la encontraremos en los medios de comunicación masivos y las redes sociales, espacios a los que, en las sociedades modernas, se les atribuye con razón una gran capacidad de influir en la opinión de las personas.

Basta poner atención al tratamiento que se da en los espacios noticiosos de televisión o al tono que prevalece en las redes sociales cuando se habla de temas como diversidad de género, raza o cultura, para darnos cuenta de que en esos ámbitos, la batalla cultural e ideológica la ha ganado la moral progresista por lejos, promoviendo principios como la integración, la tolerancia y la equidad. En otros tiempos, la muñeca inflable de Roberto Fantuzzi quizá hubiera sido una anécdota simpática, pero hoy resulta indefendible, incluso para quienes en el fondo de su corazón no lo encuentran tan grave.

El efecto que produce el predominio de los valores progresistas en las plataformas de comunicación masivas es la sensación de que toda la opinión pública avanza rápidamente en esa dirección, generando una espiral del silencio de los puntos de vista conservadores. El discurso progresista, como cualquier otro, cuenta con representantes sinceros y cínicos, serios y charlatanes, realistas e ingenuos, pero más allá del juicio que cada uno haga sobre quienes lo promueven, el resultado es un clima de fuerte condena pública hacia los que desafían estos valores o no hacen un esfuerzo por disimular su desacuerdo con la inmigración abierta, los aportes solidarios en el ámbito de las pensiones o la restricción de la educación privada, entre otros temas.

Como a la mayoría de las personas no les gusta ser objeto de juicios sociales ni bullyng, muchas de estas opiniones quedan en los márgenes de los espacios de difusión masivos, pero toman fuerza en las conversaciones privadas, en el interior de los hogares, donde encuentran complicidades y se potencian lejos de una esfera pública que las enjuicia.

En tiempos en que los medios y las redes sociales han sido canalizadores del descontento contra el poder político y económico en todo el mundo, levantando demandas y coordinando movimientos a una velocidad que ha descolocado a las instituciones, parece una ironía que las ideas más revolucionarias puedan ser aquellas que fundamentalmente se están compartiendo en los livings de las casas. Pero es posible.

La baja aprobación hacia los resultados del actual Gobierno no significa necesariamente que la sociedad renuncie a una agenda inspirada en valores progresistas. Sin embargo, en un contexto de bajo crecimiento económico, alto temor por el desempleo, trabajadores chilenos que se quejan porque los inmigrantes parecen estar ocupando sus puestos, hastío con la delincuencia, y considerando que las reformas en pensiones y educación escolar pueden chocar con una masa de ciudadanos que no comulga con los principios progresistas, la posibilidad de que cobre fuerza un discurso conservador depende fundamentalmente de que emerjan actores capaces de interpretar esas opiniones, que las saquen de las sombras de lo políticamente incorrecto y estén dispuestos a competir por el espacio de los medios de comunicación y la esfera pública en general.

Buena parte del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos está explicado por fenómenos de este tipo, antecedidos por una fuerte polarización entre progresistas y conservadores que espero no veamos en nuestro país y que nuestros líderes tendrán la responsabilidad de evitar.

Chile, con sus propias complejidades, está empezando a vivir algo similar en cuanto a la tensión entre valores progresistas masivamente difundidos por los medios y valores conservadores distantes de estos espacios pero fuertemente arraigados en buena parte de la ciudadanía, esperando por intérpretes que les den forma de propuesta política en ámbitos como inmigración, educación, pensiones y agenda valórica, y que de tener éxito en el corto plazo, cambiarían radicalmente el escenario electoral de 2017.

*El autor es director general de ICC Crisis, magíster en Comunicación de la UDP y profesor en la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

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Pulso: ¿Es necesario leer la Constitución?, columna de Rafael Sousa

Publicado el: 11 diciembre, 2015
11 Dic 2015


Por Rafael Sousa Amunategui. El desafío para el Gobierno es enorme. Sus reformas emblemáticas han fracasado en su capacidad de generar adhesión a medida que la opinión pública se forma un juicio.

Desde que la Presidenta Bachelet anunció la ruta constituyente a mediados de octubre, las esperanzas e inquietudes que encarna este proceso se han hecho más tangibles. Los esperanzados ven una reivindicación democrática y una posibilidad de justicia social que los puede ayudar a mejorar sus vidas. Los inquietos, anticipan un período de incertidumbre innecesaria y la posibilidad de ver afectados ciertos derechos, como el de propiedad.

Las encuestas recientes muestran que un 71% cree que el país necesita una nueva Constitución y cerca del 50% está de acuerdo con que esta permitirá superar problemas en ámbitos como la desigualdad, justicia, educación, seguridad, salud y calidad de vida, entre otros (Cadem, octubre). Pero cuando se ofrecen alternativas más específicas, un 35% se inclina por reformar la Constitución actual y un 45% por hacer una nueva (UDP, noviembre), mientras solo un 3% menciona la reforma constitucional como uno de los tres problemas a los que el Gobierno debería dedicar más esfuerzo (CEP, agosto).

¿Contradictorio?

Puede ser, pero más importante es que en el tema constitucional estamos transitando -en términos del experto en opinión pública Daniel Yankelovich- desde una “opinión masiva” hacia un “juicio público” (“public judgement”), lo que implica una opinión basada en la evaluación de las consecuencias y, por lo tanto, más sólida.

Es un error pensar que los ciudadanos no están preparados para participar en un proceso constituyente porque no han leído o no logran nombrar un artículo de la Constitución. Las personas son conscientes del tema constitucional y la mayoría muestra algún grado de esperanza ante su eventual renovación, por lo que este proceso debe orientarse a que los chilenos nos formemos un juicio sólido sobre lo bueno y lo malo que se puede esperar de todo esto, no a que memoricemos la Constitución actual.

El Gobierno definió un proceso de educación cívica que duraría hasta marzo del 2016. Tendrá la dificultad de competir por la atención de las audiencias con las clasificatorias al Mundial, Navidad, Año Nuevo, vacaciones y Festival de Viña, pero si efectivamente aspira a generar una participación legitimadora en cantidad y calidad, debería enfocarse en generar una comprensión sensata sobre qué esperar de la Constitución y cuáles son las alternativas posibles, marcando una diferencia clara de lenguaje y actores entre la campaña educativa y el debate político.

El desafío para el Gobierno es enorme. Las reformas emblemáticas hasta ahora han fracasado en su capacidad de generar adhesión pública justamente en la medida en que la ciudadanía ha avanzado desde opiniones generales hacia juicios más sólidos. Esto quiere decir que ha perdido la batalla sobre la evaluación de las consecuencias por parte de la ciudadanía, etapa en la que está entrando el debate sobre nuestra Constitución.

Para la oposición, es la posibilidad de construir y presentar un relato que le permita mostrarse como una alternativa real. Para todos los actores de este proceso, es necesario avanzar con responsabilidad: transformar el debate constitucional en una disputa odiosa, será entendido por la opinión pública como una lucha de élites más que una discusión de futuro. Y en ese terreno, todos perdemos.

*El autor es director general de ICC Crisis, magíster en Comunicación de la UDP y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

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Columna de Opinión de Rafael Sousa en Pulso: “Sobre las instituciones piñata…”

Publicado el: 22 abril, 2015
22 Abr 2015

Por Rafael Sousa Amunátegui. 

Es posible que las audiencias olviden el episodio porque ya han visto muchos otros antes. Pero difícilmente esa piñata vuelva a ser lo que fue.

El asunto de la confianza ha vuelto a la agenda política, empresarial y mediática, algo que pasa cada vez que alguna crisis de grandes dimensiones impacta este pilar de la convivencia democrática. Como las personas somos animales de costumbres, y en Chile nuestra primera reacción ante problemas sistémicos es crear leyes, las recetas que estaremos viendo para apaciguar esta crisis durante los próximos meses irán en esa dirección. Esto es necesario pero insuficiente. Necesario porque la posibilidad de endurecer nuestro marco legal no tiene por qué quedar fuera de la discusión. Pero es insuficiente porque en un mundo mediático, la confiabilidad de las instituciones en su conjunto depende de la actuación de cada institución en particular, lo que hace menos eficientes las soluciones generales.

Tal como las piñatas, a las que se les dan palos -a veces ciegamente- para vaciar las sorpresas que puedan contener, buena parte de las instituciones se han acostumbrado a una dinámica en que sus decisiones respecto de una situación de crisis dependen de la cantidad y fuerza de los golpes que reciben. En un momento se dan cuenta de que su forma ha sido desfigurada, su contenido ha sido vaciado y luego devorado por los protagonistas y espectadores del espectáculo. Dependiendo de la magnitud del daño, puede ser que con algunos arreglos la piñata recupere su funcionalidad y algo de su imagen. Es posible que las audiencias olviden el episodio porque ya han visto muchos otros. Pero difícilmente esa piñata vuelva a ser lo que fue.

Ya sea por voluntad o por resignación, muchas instituciones se someten a esta dinámica. Es lo que pasa cuando se defiende a las partes en perjuicio del todo y los intereses particulares en desmedro de los generales. La consecuencia es que, en casos de la dimensión de los que estamos viendo, las instituciones cuestionadas arrastran a las demás como si fueran un gran agujero negro, ya que el instinto natural en un clima de desconfianza es pensar que aquello de lo que se sospecha es la generalidad y no la excepción.

Lo que ha cambiado en los últimos años, es que las crisis de confiabilidad tienen consecuencias reales. En buena hora, estamos avanzando hacia una sociedad en la que quienes reciben un beneficio en términos de dinero o poder, deben demostrar permanentemente que son destinatarios legítimos de esto, es decir, deben ser y parecer eficientes para llevar a cabo las tareas que la sociedad les encomienda e íntegros para responder a los intereses de quienes han confiado en ellos.

Podremos avanzar en leyes y normas para hacer frente a la coyuntura por la que atraviesa el país, lo que es positivo, pero el capital de confianza de las instituciones será débil mientras este asunto no esté entre sus prioridades. En el mundo de hoy, la confianza es poder.

*El autor es director general de ICC Crisis, magíster en Comunicación UDP y profesor Facultad de Comunicación y Letras UDP.

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