11 de diciembre de 2015, Pulso – columna de Rafael Sousa

¿ES NECESARIO LEER LA CONSTITUCIÓN?

El desafío para el Gobierno es enorme. Sus reformas emblemáticas han fracasado en su capacidad de generar adhesión a medida que la opinión pública se forma un juicio.

Desde que la Presidenta Bachelet anunció la ruta constituyente a mediados de octubre, las esperanzas e inquietudes que encarna este proceso se han hecho más tangibles. Los esperanzados ven una reivindicación democrática y una posibilidad de justicia social que los puede ayudar a mejorar sus vidas. Los inquietos, anticipan un período de incertidumbre innecesaria y la posibilidad de ver afectados ciertos derechos, como el de propiedad.

Las encuestas recientes muestran que un 71% cree que el país necesita una nueva Constitución y cerca del 50% está de acuerdo con que esta permitirá superar problemas en ámbitos como la desigualdad, justicia, educación, seguridad, salud y calidad de vida, entre otros (Cadem, octubre). Pero cuando se ofrecen alternativas más específicas, un 35% se inclina por reformar la Constitución actual y un 45% por hacer una nueva (UDP, noviembre), mientras solo un 3% menciona la reforma constitucional como uno de los tres problemas a los que el Gobierno debería dedicar más esfuerzo (CEP, agosto).

¿Contradictorio?

Puede ser, pero más importante es que en el tema constitucional estamos transitando -en términos del experto en opinión pública Daniel Yankelovich- desde una “opinión masiva” hacia un “juicio público” (“public judgement”), lo que implica una opinión basada en la evaluación de las consecuencias y, por lo tanto, más sólida.

Es un error pensar que los ciudadanos no están preparados para participar en un proceso constituyente porque no han leído o no logran nombrar un artículo de la Constitución. Las personas son conscientes del tema constitucional y la mayoría muestra algún grado de esperanza ante su eventual renovación, por lo que este proceso debe orientarse a que los chilenos nos formemos un juicio sólido sobre lo bueno y lo malo que se puede esperar de todo esto, no a que memoricemos la Constitución actual.

El Gobierno definió un proceso de educación cívica que duraría hasta marzo del 2016. Tendrá la dificultad de competir por la atención de las audiencias con las clasificatorias al Mundial, Navidad, Año Nuevo, vacaciones y Festival de Viña, pero si efectivamente aspira a generar una participación legitimadora en cantidad y calidad, debería enfocarse en generar una comprensión sensata sobre qué esperar de la Constitución y cuáles son las alternativas posibles, marcando una diferencia clara de lenguaje y actores entre la campaña educativa y el debate político.

El desafío para el Gobierno es enorme. Las reformas emblemáticas hasta ahora han fracasado en su capacidad de generar adhesión pública justamente en la medida en que la ciudadanía ha avanzado desde opiniones generales hacia juicios más sólidos. Esto quiere decir que ha perdido la batalla sobre la evaluación de las consecuencias por parte de la ciudadanía, etapa en la que está entrando el debate sobre nuestra Constitución.

Para la oposición, es la posibilidad de construir y presentar un relato que le permita mostrarse como una alternativa real. Para todos los actores de este proceso, es necesario avanzar con responsabilidad: transformar el debate constitucional en una disputa odiosa, será entendido por la opinión pública como una lucha de élites más que una discusión de futuro. Y en ese terreno, todos perdemos.

*El autor es director general de ICC Crisis, magíster en Comunicación de la UDP y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

Link: http://www.pulso.cl/noticia/opinion/2015/12/4-75611-9-es-necesario-leer-la-constitucion.shtml