Por:  Rafael Sousa y Juan Cristóbal Portales  Autores de “Chile Corporativo: El Desafío de Conectar con el Chile Ciudadano”–
‘…lo que está en juego con esta crisis no parece ser el fin del modelo de libre mercado. Por el contrario, lo que se demanda es que el modelo le entregue más a la ciudadanía…’.

En agosto de este año, 181 CEOs que lideran varias de las mayores empresas de Estados Unidos, agrupadas en la poderosa asociación empresarial Business Roundtable, firmaron una declaración que marca un cambio radical en su relación con la sociedad. En el documento, de solo una página, los firmantes declaran que cada uno de sus grupos de interés (stakeholders) es esencial. Se comprometen a entregar valor a todos ellos, para el éxito futuro de sus empresas, sus comunidades y su país. Además, se comprometen a entregar bienes y servicios que sus clientes valoren; invertir en sus empleados y compensarlos justamente; lidiar de manera justa y ética con los proveedores; apoyar a las comunidades donde sus empresas operan y, por supuesto, generar rentabilidad de largo plazo para los accionistas. Así, luego de 20 años reemplazaron aquella política que privilegiaba, en primer lugar y sobre todas las cosas, la maximización de los beneficios de los accionistas.

Algunos piensan que la declaración de la Business Roundtable es un despropósito, y otros, que no es más que un puñado de palabras políticamente correctas. Otros pensamos que es la consolidación de un cambio de orientación, cuyo origen es un diagnóstico lúcido, certeramente resumido por Jamie Dimon, chairman de esta organización: ‘el sueño americano está vivo, pero se está deshaciendo’. No muy distinto de lo que está pasando con el ‘sueño chileno’.

Esta década termina marcada por un fuerte cuestionamiento hacia el poder, las instituciones y la actividad empresarial, como lo muestran distintas mediciones a lo largo del período. Solo un 14% de los chilenos está de acuerdo con que ha sido beneficiado por el desarrollo económico que ha tenido Chile en los últimos años, comparado con un 39% en 1993 (Mori, 2017). El 60% está fuertemente de acuerdo con que la colusión es una práctica generalizada (Mori, 2017) y un 55% cree que existe mucha o bastante corrupción en el caso de las empresas privadas (Encuesta Bicentenario, 2015). En términos comparados, entre los países latinoamericanos Chile fue el penúltimo en cuanto a la confianza pública hacia las empresas en 2015, solo por sobre Guatemala (Latinobarómetro).

Sin embargo, el fenómeno no es nuevo. Las tensiones entre grupos representativos de la sociedad y el sector privado, como conjunto o en sus distintas formas (empresas, industrias, etcétera), han sido recurrentes en la historia de Chile, y en algunos casos dramáticos, como ocurrió a comienzos de los años setenta. De esta manera, lo primero es mirar la situación actual en perspectiva, en cuanto a que cíclicamente la sociedad entra en períodos de cuestionamiento hacia sus instituciones y el poder en general, algo de lo que las empresas no escapan. El problema es que quienes reconocen la naturaleza cíclica de la animosidad contra las empresas tienden a enfatizar su transitoriedad por sobre la inevitabilidad de su regreso (Browne, Nuttall, 2016), lo que ha llevado a una especie de imprevisión crónica respecto de los descontentos o demandas de la sociedad hacia las empresas privadas y a una subestimación de sus consecuencias.

Si bien es una buena noticia que, según un reciente estudio de Cadem a empresarios, el 63% declare un nivel medio o alto de responsabilidad por parte de estos actores en la crisis que vivimos, y un 60% esté de acuerdo con un alza de impuestos a los más ricos, también es llamativo que cuando se consulta por las causas de la crisis, las alternativas vinculadas a la responsabilidad empresarial aparecen en un lugar secundario.

Pese a todo, lo que está en juego con esta crisis no parece ser el fin del modelo de libre mercado. Por el contrario, lo que se demanda es que el modelo le entregue más a la ciudadanía: el avance hacia un orden económico que fortalezca la libre competencia y minimice los incentivos a los abusos, establezca los incentivos normativos y económicos para empoderar a las pymes y emprendedores, genere competencias adaptativas para enfrentar con éxito la cuarta revolución industrial y consolide un modelo productivo sostenible, entre otros aspectos.

La contribución de las empresas en esta encrucijada no puede limitarse al sometimiento a reglas más estrictas: debe nacer de la propia iniciativa empresarial, como ha ocurrido recientemente en Estados Unidos. De ello dependerá un encuentro verdadero entre el Chile corporativo y el Chile ciudadano.

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