La idea de que la Constitución de 1980 tiene sus días contados, quedó fuertemente arraigada entre los chilenos y en todo el mundo, luego del contundente triunfo de la opción “Apruebo” en el plebiscito de octubre. Medios nacionales, internacionales y diferentes manifestaciones en calles y redes sociales, dieron cuenta de esto. La realidad es que, con el plebiscito de salida que debiera celebrarse cerca de agosto de 2022, la mayoría que se pronunció a favor de una nueva Constitución, podría encontrarse con que después de tres años de protestas, acuerdos y elecciones, la Constitución que eligieron reemplazar siga vigente. No conocemos la probabilidad de que esto suceda, pero sí podemos anticipar que significa un riesgo para la gobernabilidad y la legitimidad democrática.

Al respecto, un documento del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, 2018) que analizó 37 procesos constituyentes en contextos de conflicto, concluyó que cuando los órganos a cargo de elaborar una nueva Constitución han sido específicamente elegidos para ese efecto, los referendos ratificatorios pueden ser innecesarios. Este será el caso de la Convención Constitucional en Chile, por lo que el asunto es plenamente atingente.

El proceso constituyente en el que estamos, nació de la necesidad de dar curso institucional a una crisis social que amenazaba seriamente la estabilidad del país. Como la necesidad no llega sino acompañada de peligro (Maquiavelo, 1531), la urgencia con que se diseñó este proceso abrió la posibilidad de que el final del viaje nos traiga lo peor de los dos mundos: años de incertidumbre sobre cuál será nuestro marco constitucional definitivo, y desconocimiento de la voluntad ciudadana de cambiar el marco actual. Así, pese a que el plebiscito de salida ha sido presentado como la instancia para ratificar, a través del voto popular, los acuerdos que logre la Convención Constitucional, no se debe dejar de considerar que la misma ciudadanía que votó por una nueva Constitución en 2020, pueda rechazar lo que le ofrezcan en 2022. Por otra parte, cuesta imaginar que la actual Constitución y los casi seis millones de votantes que eligieron reemplazarla, puedan convivir por muchos años.

Muchos esperamos que el debate constitucional sea racional, dialogante y orientado hacia los consensos, pero hay motivos para pensar que puede ser confrontacional y sanguíneo. En un clima así, la propuesta a la que llegue la Convención Constitucional puede resultar decepcionante, y el resultado del plebiscito de salida, incierto. Eliminarlo no es una opción, pero la posibilidad de terminar el ciclo tal como lo empezamos tampoco parece algo que la ciudadanía vaya a aceptar

Así, el plebiscito de salida ha agregado una cuota de incertidumbre que puede terminar yendo en contra de su propósito original, por lo que sería prudente tener un plan B en caso de rechazo a la nueva propuesta de Constitución. Este podría incluir que el Ejecutivo, Congreso y partidos, acuerden anticipadamente modificar la actual Constitución -siempre que ese escenario se materialice- en aquellos puntos que hayan generado consensos amplios en la Convención Constitucional, acotando el riesgo de que el fantasma de “volver al punto de partida” amenace con agitar los ánimos y la estabilidad política que con muchas dificultades se ha logrado sostener.

 

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