“CONTROL DE IDENTIDAD POLÍTICA”

“Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo”. La frase es de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, pero representa un dilema de todo político: Hacer lo que una mayoría quiere o lo que el país requiere.  El gobierno se verá nuevamente frente a este dilema en los próximos días, cuando comience la revisión del proyecto sobre control preventivo de identidad.

La seguridad es una necesidad humana esencial, sin la cual la convivencia democrática es imposible. Por eso, cuando se percibe amenazada, agita las emociones y agrieta las barreras de la racionalidad, dejando que lleguen a la superficie nuestros instintos más básicos e inhibiendo el desarrollo de valores sociales más elevados.  La sensación de inseguridad es contagiosa y da paso a la sospecha, la cual, alimentada por la exposición mediática, discursos políticos afines, grupos de WhatsApp o conversaciones en el barrio, justifica cualquier medida que nos haga sentir más seguros.

En Chile, la delincuencia es un problema que afecta severamente la vida de muchas personas y frente al cual es difícil racionalidad a la ciudadanía.  Alguien que siente amenaza su persona, su familia o su propiedad tenderá a adherir a toda política que ratifique sus sospechas. Así, la opinión pública muestra una fuerte favorabilidad hacia un control preventivo de identidad (63% según la encuesta Cadem, muchos también de acuerdo con que se aplique a menores) y hacia medidas menos institucionales como la detenciones ciudadanas o linchamientos (42% según el INDH).

Sin embargo, a la autoridad sí se le debe exigir racionalidad que no se puede pedir a un ciudadano común.  El proyecto de control preventivo de identidad no es neutro. Supuestamente contribuiría a la seguridad (que bueno sería ver evidencia de eso), pero el precio en estigmatización puede ser muy alto, especialmente tratándose de menores.

Si el fundamento de este proyecto fuera solo su popularidad, el Gobierno cometería un triple error al impulsarlo tal como está: implementar una política pública que no soluciona lo que debe, profundizar otros temas (como la discriminación) y frustrar en el corto plazo a quienes confían en esta medida.

27 de febrero 2019 – La Segunda, Columna de Rafael Sousa

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