Por Rafael Sousa, máster en Ciencia Política UC / socio director en Agencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos ICC Crisis

Chile vive el momento más duro en su lucha contra el Covid-19. No solo por el fuerte crecimiento de los contagios, muertes y efectos en la economía doméstica de las familias más vulnerables, sino también porque hace poco más de un mes se instaló la sensación de que estábamos viendo la luz al final del túnel. Lo cierto es que todos estamos aprendiendo en el camino, por lo que más que evaluar la respuesta del gobierno ante esta crisis, lo necesario es sacar conclusiones que sirvan para los futuros cursos de acción.

Un primer criterio esencial es no limitar la estrategia de comunicación pública a la difusión de medidas. Un análisis propio usando datos de la Universidad de Oxford, que ha construido índices para evaluar la respuesta al Covid-19 de gobiernos en 166 países, muestra que el gobierno de Chile tomó medidas tempranas, pero inició su campaña de información pública tardíamente respecto de países que han sido exitosos en el control del virus. Si tomamos a los tres gobiernos cuya comunicación al respecto ha sido mejor evaluada por expertos (encuesta global PRovoke, mayo 2020), vemos que el gobierno de Corea del Sur comenzó una campaña de información pública 22 días antes de llegar a un índice de rigor de 50 puntos (strictness index, Oxford, escala de 0 a 100), Nueva Zelanda lo hizo 48 días antes y Alemania 52. Chile comenzó su campaña de información pública solo dos días antes de empezar a tomar medidas medianamente drásticas, restando posibilidades de que la ciudadanía fuera tomando consciencia y cambiando su conducta a tiempo. Lo positivo es que el conjunto de comunicación pública y aumento en el rigor de las medidas permitió doblar en solo ocho días el porcentaje de personas preocupadas por contagiarse (de 30 a 60% entre el 14 y 20 de marzo, según Cadem).

La decisión de no comunicar antes puede haber estado influida por la estimación de que hablar de la pandemia se interpretaría como un intento de desviar la atención puesta en el estallido social. Si fue así, el gobierno tenía razón en su consideración, pero la lección es que en situaciones límite se debe correr el riesgo de la crítica política. Cuando el gobierno quiso pasar a la fase “nueva normalidad” demostró haber aprendido la mitad de la lección: estuvo dispuesto a lidiar con acusaciones de estar privilegiando la economía sobre la salud. El problema fue que, más allá de haber subestimado la proyección de contagios, nuevamente no dio tiempo para que la comunicación pública hiciera su trabajo de predisponer a población hacia esta nueva etapa, el nivel de preocupación por contraer el virus bajó y muchas perdieron cuidado.

Mientras el gobierno hace lo posible por frenar los contagios, atender a los enfermos y sostener la economía, tiene que preparar el regreso de las libertades que, por necesidad, han sido restringidas, considerando un periodo de comunicación que facilite la adopción de nuevas conductas sociales. La teoría de la motivación hacia la protección es una orientación poderosa para este efecto. Plantea que las personas siguen comportamientos de protección a su salud cuando perciben una amenaza grave, sienten que esos comportamientos pueden reducir efectivamente la amenaza y que pueden hacerlo a un costo razonable. En esta línea, el foco debería estar en mantener un nivel alto de alerta en la población, evitando señales de optimismo que no tengan un fundamento muy sólido; difundir unas pocas pero efectivas reglas de convivencia social, acordadas con diversos actores del ámbito científico, político y social, descartando explícitamente las medidas que tengan un efecto bajo o nulo; fiscalizar y castigar severamente a quienes incumplan las reglas injustificadamente; comunicar todo esto intensamente, con tiempo y enfatizando que el cumplimiento de estas reglas permite una socialización segura.

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