Buscar el origen de los periodos de discordia, como el que vivimos actualmente, es un ejercicio difícil pero necesario. Muchos coinciden en que el inicio de este ciclo sería 2014, cuando la Presidenta Bachelet impulsa grandes cambios que resultan en un pobre desempeño económico, un sistema político disfuncional y una ciudadanía que empieza a tomar distancia de esta agenda. Sin embargo, en este ejercicio -perdonen lo taxativo- invitaría a observar el derrotero de 2015, cuando la institucionalidad entró en una crisis de confianza, instalando en el corazón de la opinión pública la necesidad de cambios que, en otro contexto, parecían de poco interés ciudadano. Esto podría repetirse.

2015 fue el año en que distintos casos de influencia indebida y financiamiento irregular de la política – algunos venían de 2013 y 2014- llevaron la opinión pública dominante a la conclusión de que el poder político funcionaba para sí mismo y sin límites con el poder económico. Lo que antes muchos sospechaban, se constataba. Pasamos de una crisis episódica -en que el problema es una parte- a una sistémica, que es cuando las crisis de confianza arriesgan derivar en una de legitimidad. Cuando eso sucede, la disposición al cambio se transforma en intención de castigo. El que en 2019 buena parte de la ciudadanía se inclinara hacia el ánimo reformista por sobre la necesidad de frenar la violencia, tiene esa raíz.

Hoy las circunstancias son distintas, aunque ciertos rasgos se asemejan. En los últimos meses se han acumulado cuestionamientos a instituciones del Estado. Algunos muy injustos, como los dirigidos al Servel por su idea de realizar las próximas elecciones en dos días; otros con argumentos atendibles, como los recibidos por el Tribunal Constitucional por fallos como el relacionado a la “educación no sexista”, y otros muy fundados, que incluyen el sistema de nombramientos en los tribunales, la falta de controles dentro de las instituciones de orden y las actuaciones del Congreso, a propósito del nombramiento de sus nuevos presidentes. Esto mientras las investigaciones de los casos Convenios, Audios y de corrupción en municipalidades, amenazan con revelarnos realidades similares a las que conocimos en 2015.

La confianza es un sostén fundamental de las instituciones, tanto como la desconfianza. Esta paradoja aparente se explica porque la confianza absoluta es el germen de la discrecionalidad. Siempre debe haber terceros que representen la desconfianza productiva, aquella que cualquier ciudadano puede sentir respecto de cómo actuará alguien con poder ante ciertos incentivos. Por eso urge mejorar nuestros sistemas de nombramientos (tribunales, Alta Dirección Pública, entre otros) y controles independientes (muy evidente en gobiernos locales), como también los cambios al sistema político. ¿Temas alejados del interés ciudadano? Verlo así es miope. El interés ciudadano llegará cuando los problemas sean un escándalo, haciendo menos eficiente cualquier solución. No nos olvidemos de 2015.

 

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP

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